Tres extranjeros, dos afganos y seis insurgentes murieron en un asalto de un comando talibán contra las oficinas de una agencia de EE.UU
Dos agresores detonaron sendas cargas explosivas en la entrada y otros cuatro entraron en el edificio, donde murieron -por disparos o al hacerse estallar- tras varias horas de combate contra las fuerzas de seguridad.
06:30 AM Kabul.- Tres extranjeros, dos afganos y seis insurgentes murieron hoy en un asalto de un comando talibán contra las oficinas de una agencia de desarrollo estadounidense en la ciudad de Kunduz (norte afgano), informó a Efe una fuente oficial.
Los extranjeros son un alemán, un británico y un filipino, precisó.
Según dijo a Efe el gobernador de la provincia de Kunduz, Mohamed Omar, el ataque comenzó en torno a las 03.00 de la madrugada hora local (22.30 GMT del jueves) en un edificio situado en el distrito número uno de la ciudad, capital provincial.
Dos agresores detonaron sendas cargas explosivas en la entrada y otros cuatro entraron en el edificio, donde murieron -por disparos o al hacerse estallar- tras varias horas de combate contra las fuerzas de seguridad, que se han hecho ya con el control de la zona.
El portavoz precisó que los muertos afganos son un policía y un guarda de seguridad.
En el edificio, situado junto a una casa de huéspedes y cerca del hotel Aryana, tenía sus oficinas la agencia estadounidense Development Alternatives Inc (DAI), asociada a USAID, que gestiona la ayuda económica de EEUU al desarrollo en Afganistán.
Antes, el subdirector de la Policía provincial, Rahim Gul, había anunciado a los medios el hallazgo por parte de las fuerzas de seguridad de tres cadáveres de extranjeros en el edificio, aunque no precisó sus nacionalidades.
Pero el director de la Policía, Abdul Razzaq Yaqubi, detalló por su parte a la agencia afgana AIP que los ciudadanos extranjeros fallecidos son dos, mientras que otros tres sufrieron heridas y cinco más resultaron ilesos.
Y un testigo sobre el terreno dijo a esa agencia haber visto los cadáveres de cuatro extranjeros.
La acción fue reivindicada por un portavoz talibán, Zabiulá Muyahid, quien confirmó a AIP que en la misma participaron seis insurgentes y que ésta comenzó después de que uno de ellos hiciera estallar un coche con explosivos en la entrada del edificio.
Muyahid reivindicó la muerte de 37 extranjeros en el ataque, aunque los talibanes suelen exagerar en sus partes el número de víctimas.
Las tropas afganas e internacionales se desplazaron al lugar y bloquearon los accesos, de acuerdo con testigos citados por AIP, que dijeron haber estado escuchando tiroteos y explosiones dos horas y media después del inicio del ataque.
Según fuentes citadas por AIP, las tropas internacionales contaron con apoyo aéreo durante la operación y lanzaron proyectiles contra el edificio, que quedó parcialmente destruido a causa de los fuertes bombardeos.
Esas fuentes aseguraron además que las bombas causaron heridas a civiles presentes en varias casas cercanas y que en una de esas viviendas perdió la vida un niño.
En un comunicado, la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) se limitó a confirmar que acudió al lugar de los hechos para hacerse con el control de la situación, y que proporciona cuidados a "civiles heridos" en una base cercana.
Este es el segundo ataque de esta naturaleza perpetrado por los talibanes en los últimos tres días, después de una acción similar, aunque fallida, contra el aeropuerto y una base militar en su interior en la ciudad oriental afgana de Jalalabad.
Los insurgentes anunciaron el inicio en mayo de una ofensiva bautizada como "Victoria", que incluía el propósito de protagonizar acciones contra instalaciones de las tropas internacionales e intereses extranjeros en Afganistán.
La llegada del buen tiempo ha traído un recrudecimiento de la violencia que sufre el país.
Con 102 soldados muertos, junio ha sido el mes más sangriento para las tropas internacionales desde el inicio de la invasión de Afganistán, en 2001.
Fronteriza con Tayikistán y tradicionalmente tranquila, la provincia de Kunduz ha sufrido un agudo deterioro de la seguridad en los últimos meses.DIARIO EL TRUJILLANO
Expropiaciones de viviendas declaradas de utilidad pública
Consejo Legislativo de Aragua autorizó al gobernador Rafael Isea a que "realice las expropiaciones que crea conveniente siempre y cuando beneficien a familias aragüeñas de escasos recursos económicos". Por ello fueron declarados de utilidad pública un edificio y una hacienda, y ya se están contemplando más procedimientos similares.
El presidente Hugo Chávez Frías en sus alocuciones ha reiterado que "la vivienda no es una mercancía" y bajo esa premisa le ha solicitado a la Asamblea Nacional que presente "una propuesta legislativa para solucionar la situación habitacional, muchos venezolanos que tienen toda la vida viviendo en condición de inquilinos, a merced de los arrendadores y sin poder tener la propiedad de donde habitan". La Gobernación del Estado Aragua en línea con el discurso oficial inició las expropiaciones de edificaciones por cobros excesivos de alquileres.
Esta semana, el Consejo Legislativo de la entidad, autorizó al gobernador Rafael Isea a que "realice las expropiaciones que crea conveniente siempre y cuando beneficien a familias aragüeñas de escasos recursos económicos". Por ello fueron declarados de utilidad pública un edificio y una hacienda, y ya se están contemplando más procedimientos similares.
El diputado Crisanto Ortegano, presidente de la Comisión de Vivienda del Consejo Legislativo de Aragua, de acuerdo a reseñas de la prensa regional, considera que "esa situación ha dado pie para iniciar un proceso de evaluación e investigación sobre todos aquellos inmuebles que "negocian" con el alquiler de apartamentos y hasta ahora se contabilizan entre 15 y 20 estructuras".
Los voceros oficiales no detallan cuánto son los cobros excesivos de arrendamiento.
Causa no prevista en la Ley
En 2006 la Alcaldía Metropolitana elaboró un decreto de expropiación bajo el argumento de dar la propiedad a los inquilinos, la medida afectó a 241 edificios, sin embargo, en aquel momento fueron indemnizados solo 12 inmuebles, y ante la falta de recursos, no se siguieron materializando los procesos.
Pero la medida de la Gobernación de Aragua va más allá, debido a que la expropiación se realiza por cobros abusivos de alquileres, lo cual no está contemplado ni en la Ley de Expropiaciones ni en la Ley de Acceso a las Personas a los Bienes y Servicios, explica el abogado José Vicente Haro.
"La expropiación como tal no se está efectuando por un interés público o social, está beneficiando a un grupo en detrimento de otros. El proceso responde a intereses particulares y no de la colectividad".
Expresa que "se le quita la propiedad a uno para darla a otros. No obstante, la titularidad de los edificios le corresponde al estado Aragua, y queda la duda si los inquilinos efectivamente serán propietarios".
Los beneficiados de los viviendas que han terminado los entes oficiales han recibido títulos de adjudicación y no de propiedad de la unidad.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, indica que la desconfianza aumenta cuando se ejercen acciones como las de la Alcaldía Metropolitana y la Gobernación del estado Aragua.
"Se inician las expropiaciones sin realizar los respectivos juicios y sin indemnizaciones".
Menos inversiones
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini, apunta que las medidas que se tomen contra la actividad reducen más la inversión, incrementan la incertidumbre y al final se terminan afectando a las familias que requieren de una vivienda, pero que no cuentan con la capacidad para comprar.
Explica que aquellos que "tengan inmuebles optarán por vender en lugar de alquilar, por lo tanto, la oferta de viviendas para arrendar se restringe".
Con la extensión de las regulaciones son cada vez menos las viviendas que se destinan al alquiler, y según estimaciones de la organización, de cada 100 unidades en oferta, apenas seis se están arrendando.
Ante el cerco creado al sector, los privados ya bajaron el ritmo de culminación de casas. DIARIO EL CATATUMBO
Consideran que para cumplir con la regulación de precios el Gobierno debe lograr acuerdos con los mayoristas para que éstos también respeten el control.
Alfredo Liscano, quien tiene un puesto de víveres en la avenida Andrés Bello señaló que compran los productos con sobreprecio y, por lo tanto, no pueden vender los alimentos al precio regulado.
Explicó que los mayoristas y distribuidores le colocan un recargo de entre 5% y 10% a los precios de los productos, aumento que ellos trasladan a los precios finales al consumidor.
"Nosotros necesitamos un margen mínimo de ganancia porque este es nuestro sustento. Se puede vender regulado pero el Gobierno tiene que darle un margen a las empresas y ellos a nosotros", dijo Liscano.
Señaló que este año los precios a nivel de mayoristas han estado descontrolados, pues cada vez que van por mercancía se consiguen con nuevos aumentos.
Luisa Moreira, vendedora informal, indicó que los mayoristas les facturan al precio establecido por las industrias, pero les anexan un ticket con un monto adicional que deben pagar, sobre todo cuando los productos están escasos.
"Nosotros no podemos vender al precio de la empresa porque ellos no nos despachan directamente porque trabajamos en la calle. Entonces cómo vendemos regulado", dijo Moreira.
Los buhoneros reconocen que los productos que venden tienen un sobreprecio entre 0,30 y 3 bolívares fuertes, sobre todo por el costo que tiene el transporte que pagan cada vez que compran mercancía.
La inconformidad de la medida que limita la venta de 20 productos de la cesta básica también se hizo sentir entre los comerciantes informales del estado Anzoátegui, pues aseguran que se están quedando "sin el sustento diario".
En el Área Metropolitana de Anzoátegui, los productos que generalmente no se conseguían en los supermercados ni abastos chinos eran expendidos en tarantines en las calles, aunque a precios más elevados.
Carlos González Saud expresó que en Barcelona "hay malestar de los vendedores y de los compradores, porque consideran que detrás de todo esto debe haber una persona haciendo negocio con los alimentos".
En el mercado informal los consumidores pagan hasta Bs 6 por un litro de aceite o un cuarto de kilo de café cuando están regulados en Bs 4,70 y Bs 4,61, respectivamente.DIARIO EL COSTA ORIENTAL
La marca japonesa Toyota llamará a revisión 270.000 automóviles por un problema de motor, la mayoría en Estados Unidos y Japón, sobre todo de su marca de lujo Lexus y de su gama Crown, indicó hoy el grupo.
"Esta medida está motivada por un defecto del resorte de válvula, que puede provocar un ruido o una pérdida de velocidad. En el peor de los casos, el motor se puede parar", explicó una portavoz de Toyota, Ririko Takeuchi, informó AFP.
Los vehículos equipados con ese motor defectuoso pertenecen a las series Lexus GS350, GS450h, GS460, IS350, LS460, LS600h y LS600hL y a la gama Toyota Crown.
Unos 137.000 vehículos están concernidos en Estados Unidos, 90.000 en Japón y los 43.000 restantes repartidos en las demás regiones del mundo.
Takeuchi precisó que el constructor informará el lunes al ministro japonés de Transportes de su intención de llamar a revisión 90.000 coches en el archipiélago. Los 180.000 vehículos afectados en el mundo "serán revisados teniendo en cuenta las modalidades de cada país", añadió.
El grupo Toyota ha extremado las precauciones después de haber tenido recientemente diferentes problemas técnicos que le han obligado a revisar en cuestión de unos meses unos 10 millones de vehículos en el mundo.
Primer constructor automóvil mundial, Toyota ha pagado una multa de 16,375 millones de dólares en Estados Unidos por haber tardado en comunicar sus problemas con el acelerador y las autoridades no excluyeron nuevas penalidades.DIARIO DE CORO
Juan Lázaro, esposo de Vicky Peláez y al igual que ella acusado de ser un agente de un gobierno extranjero, hizo una larga declaración tras su detención, en la que admitió que Juan Lázaro no es su verdadero nombre, que no es uruguayo como había dicho antes, que su casa en Yonkers, un suburbio de Nueva York, fue costeada por el Gobierno ruso y que Peláez entregó cartas suyas a la agencia rusa de espionaje, afirmaron los fiscales, informó AP.
Se negó a dar su verdadero nombre y aseguró que aunque amaba a su hijo, "no abandonaría su lealtad al servicio de espionaje ruso ni siquiera por su hijo'', dijeron los fiscales en su documento a la corte.
Los fiscales intentaban convencer al juez Ronald L. Ellis que no concediera la libertad bajo fianza a cuatro acusados del caso: Lázaro, Peláez y dos residentes de Nueva Jersey: Richard y Cynthia Murphy.
No obstante, el juez liberó bajo fianza a Peláez, pero decidió que las otras tres personas investigadas por el caso siguieran detenidas, dijo AFP.
El juez fijó una fianza de 250.000 dólares para Peláez, 10.000 de ellos pagados en efectivo. La sospechosa deberá llevar un brazalete electrónico y será vigilada.
"No parece ser una agente profesional", declaró el juez al justificar su decisión. "Ella tiene una identidad verdadera y la intención de permanecer en el país", acotó.
Mientras, Donald Heathfield y su esposa, Tracey Lee Ann Foley, comparecieron en un tribunal federal de Boston el jueves para solicitar la libertad bajo fianza. El juez postergó la audiencia hasta el 16 de julio para dar tiempo a los nuevos abogados a preparar su solicitud.
El abogado de Heathfield, Peter Krupp, dijo posteriormente que las pruebas presentadas hasta ahora contra su cliente son "extremadamente débiles''.
Las autoridades luego informaron que descubrieron una caja fuerte perteneciente a dos de los sospechosos con 10.000 dólares en efectivo. DIARIO EL BARQUISIMETANO
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